Tomada desde la perspectiva del Estado Social de Derecho, esta concepción de "igualdad ante la ley" es completamente válida. Sin embargo, en un Estado Social y Democrático de Derecho, esta "igualdad" la ley la entiende desde la diferencia, pues, sabiendo que no todos somos iguales en verdad (por cuestiones de nivel educativo y acceso a la educación, estratificación, creencias, raza, costumbres, etc), se propende por tomar medidas que tiendan a favorecer a la población más vulnerable o necesitada.
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